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| Fotógrafo: Manuel Vega/Al Día |
Comunidades no tienen luz, agua potable, ni caminos de acceso
Erick Carvajal M.
Edgar Chinchilla
ecarvajal@aldia.co.cr
14 de Mayo, 2007. Río San Juan. - Aquí nadie entiende de leyes, ni de juicios, pero sí saben que necesitan arreglar las calles, atención médica, agua potable y electricidad. “Claro, allá hay de todo, aquí vivimos en un atraso de casi 50 años”, comentó Eduardo Cerdas, de 74 años y vecino de la comunidad fronteriza de Cureña, a la par del río San Juan.
123 días después de la llegada del sandinista Daniel Ortega a la presidencia de Nicaragua, la situación es más estricta. Ni los sacerdotes pueden ir a celebrar misa a las comunidades ticas de la margen del río, porque les cobran $25 (¢13 mil) cada vez que pasan.
El 29 de agosto del año pasado, Costa Rica presentó una acusación contra Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, Holanda para garantizar la libre navegación sobre el río.
En diciembre pasado, se anunció que el tiempo del litigio podría reducirse y pasar de cuatro años a dos, también bajaría el costo del juicio estimado en ¢800 millones.
Llenos de necesidades
“Antes se podía pescar, ahora no. Si nos agarran, nos quitan las lanchas y hasta podemos ir a la cárcel en San Carlos de Nicaragua”, manifestó Cerdas.
Él es el habitante más viejo que hay en Cureña, comunidad de más de 40 familias, que sobreviven a la orilla del San Juan. Cerdas explicó, el viernes pasado, que antes podían vender una vaca o un chancho en el lado nica, pero ahora está prohibido.
Las lanchas militares de Nicaragua hacen recorridos una o dos veces por semana, precisamente para evitar la pesca o la navegación ilegal de personas. “Aquí llevamos una vida campesina, con más de 50 años de atraso con respecto a las cosas que disfrutan en San José, pero del lado nica es peor”, afirmó Cerdas.
Noches cómplices
En Cureña, las noches son cómplices de la pesca, tanto de peces como de camarones.
Pescan para llevar alimento a sus hogares y también para vender en bares, donde el kilo de camarón lo pagan a ¢7.500.
Parte del dinero se invierte en combustible para las lanchas y la otra en comestibles. Aquí nadie paga luz ni agua, porque no hay.
Jarmir Aguilar, vecina de Cureña y estudiante de cuarto año del colegio de Boca de San Carlos, pasa por el río para ir a estudiar. “Si no lo ven al otro lado no hay problema”, dijo la joven.
A las 5 p.m. nadie puede moverse en el San Juan. Ningún tico salvo un caso médico de urgencia.
Adrián Lizano, que tiene ocho meses de vivir en Cureña, se gana la vida sembrando ñame. “La situación es difícil cuando no se puede pescar”, manifestó.
Lizano recordó que una vez tuvo que salir de emergencia con su esposa enferma y no lo querían dejar pasar porque olvidó el papel de zarpe (documento que les dan para poder navegar a los vecinos ticos del San Juan). “Todo depende del humor con que estén ese día los militares. Si están de buenas pasás”, dijo.
Visión turística
En Boca de San Carlos, la tensión es la misma. Hay que tener los papeles en mano sino no se puede mover a ningún lado.
María Dávila, una pequeña empresaria de la zona, lo único que pide es un mejor acceso.
Con mucho esfuerzo acondicionó su casa para recibir turistas, pero se siente abandonada por el Gobierno.
Para poder llegar a Boca de San Carlos hay que transitar más de 60 kilómetros desde Pital, por un camino de piedras y barro. “No se vende nada en 15 días y a la plata no se le puede dar vuelta, nadie viene”, comentó Dávila.
Mientras Dávila espera que alguien la escuche, los abogados sacan copias, alistan alegatos y viajan hasta Holanda.
En las márgenes del San Juan, las necesidades, afirman sus residentes, están en las casas de madera y en el estómago, y nadie quiere verlas. Con los ¢800 millones del juicio: ¿Cuántas cosas se podrían arreglar aquí?
